La diputada de Morena presentó siete preguntas para esclarecer cuándo conocieron las autoridades los señalamientos sobre casinos y prestanombres, qué acciones emprendieron y si entregaron documentación a la FGR.
Chihuahua.- La diputada de Morena, Elizabeth Guzmán Argueta, exigió al Gobierno de María Eugenia Campos Galván y a la Fiscalía General del Estado (FGE) aclarar qué sabían sobre presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres, desde cuándo tenían información y qué acciones realizaron antes de que el caso derivara en una nueva línea de investigación federal.
La legisladora presentó siete preguntas dirigidas al secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, y a la Fiscalía estatal, a partir del comunicado 745/26 de la Fiscalía General de la República (FGR), publicado el pasado 23 de octubre.
En ese documento, la FGR informó sobre una reunión solicitada por la gobernadora Maru Campos con la fiscal federal, Ernestina Godoy Ramos, en la que la mandataria compartió información sobre presuntos actos de corrupción, señaló al exfiscal general del Estado por determinados hechos y se comprometió a facilitar documentación que dio origen a una nueva línea de investigación.
Entre los cuestionamientos de Guzmán Argueta está si el Gobierno estatal presentó denuncias o comunicaciones formales sobre esos señalamientos, cuándo tuvo conocimiento de ellos y qué documentos respaldan las gestiones realizadas. También pidió aclarar si la gobernadora ya entregó a la FGR la documentación anunciada y, en caso contrario, cuáles son las razones de la demora.
A la Fiscalía General del Estado le solicitó informar si recibió denuncias o antecedentes relacionados con los presuntos hechos y si existió coordinación con las autoridades federales. La diputada pidió que las respuestas se presenten por escrito, con fundamento y respaldo documental, sin comprometer información reservada de las investigaciones.
Guzmán Argueta señaló que el propósito es establecer si las instituciones actuaron oportunamente al conocer posibles irregularidades, sin anticipar responsabilidades ni tomar partido en las versiones sobre el caso. Sostuvo que el Congreso debe exigir explicaciones documentadas sobre lo que las autoridades sabían, las decisiones que tomaron y el momento en que las adoptaron.
La legisladora insistió en que la rendición de cuentas también implica explicar las actuaciones y omisiones de las propias autoridades, especialmente cuando afirman contar con información relacionada con posibles delitos.
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